Ana Rosa López Villegas*
Entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre hay una diferencia de 43 días. Es un lapso que representa aproximadamente la cuarta parte de todo el tiempo que Bolivia lleva batallando contra el coronavirus hasta ahora. El 10 de marzo pasado se desató esta realidad de ciencia ficción que todavía nos cuesta creer y a partir de esa fecha se decretaron también las primeras restricciones y medidas de prevención y acción sanitaria que buscaban anticipadamente controlar la famosa curva de contagios que hoy está muy cerca del cielo.
Así han pasado ya más de 170 días de cuarentenas estrictas, semiestrictas, flexibles, blandas, parciales o cualquier otro absurdo calificativo que se le quiera dar a un periodo que debió acatarse con responsabilidad, disciplina y conciencia. Según las estadísticas oficiales, el promedio de decesos por día debido al Covid-19 es de 2000. Ese es el número de personas que fallecen cada 24 horas en el país y en medio de un cuadro deprimente de centros de salud atestados y completamente rebasados en su capacidad; con falta de personal, de infraestructura y de insumos mínimos para enfrentar el mal y ante una todavía latente incertidumbre y controversia acerca del tratamiento médico que se debe aplicar.
De acuerdo con el reporte epidemiológico No. 136 del Ministerio de Salud, el día 29 de julio se detectaron 1207 casos en todo el territorio nacional. Los afectados no son solo personas que irrespetan las medidas de bioseguridad mínimas como el distanciamiento social y el uso de barbijo, entre los enfermos también están el personal de salud, los policías, los militares, los periodistas, los funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, los ministros y hasta la propia Jeanine Añez; es decir ciudadanos que están en la primera línea de combate contra la enfermedad. Varios de ellos quizá cuenten con un seguro médico, pero esta visto que tenerlo no es garantía de atención ni de una muerte digna. Los ataúdes y las tumbas se han convertido en objetos y servicios de difícil alcance y es tan doloroso ver a un ser querido enfermo como no tener cómo enterrarlo.
Tras 14 años de construcción indiscriminada de canchas de fútbol y de despilfarro económico, sistemático y sin precedentes, ahora resulta que los grupos afines al socialismo de Evo Morales arriesgan su salud y la de la ciudadanía para exigir que el órgano electoral lleve a cabo las elecciones el próximo 6 de septiembre y que el gobierno garantice salud, educación y democracia. Se movilizan por el trabajo cuando lo que hicieron fue repartir prebendas y premios a sus bases para utilizarlas como carne de cañón en cuanto mitin político y electoral organizaron. Protestan por la educación, después de que por más de una década cooptaron el sistema educativo convirtiéndolo en una maquinaria de adoctrinamiento político. Nunca se preocuparon por mejorarlo, por prepararlo para un futuro digital que con o sin coronavirus de por medio, era y sigue siendo un imperativo imprescindible. ¿De qué sirve un satélite que gira en el espacio como un pedazo de lata vieja si ni siquiera el servicio de internet es lo suficientemente rápido ni accesible como para darles una verdadera oportunidad de aprendizaje a distancia a los miles y miles de estudiantes que desde hace poco menos de medio año aprenden en casa y prácticamente sin ninguna ayuda tecnológica mínima para hacerlo? Marchan por la democracia, esa que ellos mismos vapulearon a su antojo y ultrajaron hasta el extremo de perpetrar un fraude electoral que finalmente concluyó con la salida del remedo de presidente democrático que gobernó Bolivia por más de una década.
Una movilización por la vida en medio de un panorama de muerte y enfermedad. Ya ni Macondo es punto de comparación para tal aberración. Las amenazas de endurecer las medidas de presión con bloqueos nacionales y otros tampoco ceden. ¿Cuál es el límite de este enfermizo apego al poder que todavía sigue secuestrando ideológicamente a los grupos sociales que paradójicamente son los más vulnerables frente a la pandemia?
Pensemos, los que sí podemos, solo por un momento cuál sería la enorme diferencia que haría tener un gobierno elegido democráticamente y sin fraudes de por medio en lugar de uno transitorio como el actual. ¿Cómo actuaría el nuevo gobierno? ¿Cómo enfrentaría la crisis cuyo final aún no se avizora? ¿Desaparecerán los problemas económicos y sociales que se han agudizado durante estos meses con la llegada de un nuevo mandatario o mandataria? Temo que la respuesta a cada una de esas preguntas es la misma y es no. El sentimiento democrático suspendido que tenemos los bolivianos desde el pasado 20 de octubre de 2019 podría quizá aliviarse con nuevos comicios, ¿pero a costa de qué? ¿Cuál es el precio que debemos pagar para rehabilitar nuestra democracia? Falta conciencia y hay deMASiada estupidez.
* Comunicadora social
Twitter: @mivozmipalabra
Instagram: @misletrasmislibros
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