Ana Rosa López Villegas*
¿De qué nos ocupamos
primero en Bolivia? ¿Debemos darle prioridad a los más de 100 mil casos de
coronavirus confirmados en todo el país? ¿A la todavía latente falta de insumos
y de recursos humanos que le hagan frente a la pandemia? ¿A la irresponsabilidad
y falta de conciencia de muchos ciudadanos que no respetan el distanciamiento
social y la norma de quedarse en casa? ¿O tiene prioridad el juego de ping pong
en el que están enfrascados el ministerio de educación y Tribunal
Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, manejado por el Movimiento al
Socialismo (MAS)? ¿Se suspende o no se suspende el año escolar? ¿Será una
gestión perdida para miles y miles de estudiantes?
¿O quizá debamos mejor concentrarnos
en la campaña electoral que los candidatos a la presidencia han desatado ya sin
ningún reparo, comenzando por la propia candidata-presidenta Jeanine Añez? ¿Es
realmente importante saber quiénes son los políticos que miran de palco los acontecimientos
del país y los esfuerzos (proselitistas) del oficialismo transitorio frente a
la pandemia? A riesgo de ser velozmente etiquetada de mesista, porque así
funciona en la actualidad la lógica simplona y binaria de clasificación de opiniones,
me pregunto qué es lo que realmente esperaba Añez de Mesa en esta coyuntura. ¿Esperaba
algo de los otros candidatos también? Estamos hartos de esta competencia
política que trata de identificar cuál fue el peor gobierno que hubo, el de
Morales o el de Añez.
¿O qué tal si continuamos
con la indignación y el asco que nos han provocado las denuncias de pedofilia,
violación y estupro contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales? ¿Puede
caber más incompetencia en la titular de la defensoría del pueblo, Nadia Cruz en
lo que a este caso se refiere? ¿Nos seguimos rasgando las vestiduras porque
haya sido un periodista español el que destapó la cloaca? ¿Tal vez nos enfurezca
más el silencio cómplice y todavía más repugnante de las mujeres que fueron
parte del régimen masista o de los hombres que intentan justificar lo
injustificable? Ya no podemos ni confiar en la irritación y promesas de que el
caso no quedará en la impunidad de parte de la presidenta, porque no sabemos si
se trata de un honesto compromiso de hacer lo correcto o es por el contrario,
una estrategia electoral más en busca conseguir votos.
Son demasiadas pulgas
para un solo perro y para sacudirlas un poco por lo menos, apelo hoy a la
Pachamama, nuestra Madre Tierra y al fallo que el Tribunal Internacional de los
Derechos de la Naturaleza (TIDN) hizo público hace algunos días sobre el voraz
incendió que diezmó 6.4 millones de hectáreas
de Amazonía en la región de la Chiquitania boliviana. 36 territorios indígenas
fueron afectados, se perdieron plantas y animales; seres inocentes e indefensos.
Desparecieron humedales “de importancia mundial para la conservación de aves
migratorias, estacionales y numerosas”. Las cenizas contaminaron las aguas, dañaron
su calidad, lo que ocasionó la migración de comunidades indígenas, durante y después
del fuego. Todavía huele a chamuscado y duele.
El TIDN es la instancia
internacional que promueve “el respeto universal y la garantía de los derechos
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra,
con el fin de promover una coexistencia armónica entre los seres humanos y el
resto de seres de la naturaleza”. Este tribunal declaró los
incendios del 2019 como un “ecocidio provocado por la política de Estado y el
agronegocio” y estableció la abrogación de las normas señaladas como
“incendiarias” a fin de que este tipo de tragedias medioambientales no se
repitan más. Tipificados los incendios como delito, aparecen como directos
responsables “las autoridades administrativas, legislativas y judiciales que
diseñaron la política y aprobaron el paquete legislativo”. Es decir el régimen de
Evo Morales de 2019, el gobierno transitorio de 2020, las gobernaciones de de
Santa Cruz y Beni, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra
(ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), así como la Asamblea
Legislativa, las bancadas del oficialismo y la oposición, la Fiscalía, el Poder
Judicial y el Tribunal Agroambiental; todas entidades estatales que además favorecieron
“las condiciones de impunidad para los perpetradores”. Figuran también como autores
del ecocidio “los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos y empresarios
agroindustriales”.
Las encargadas de dar a conocer esta
decisión histórica fueron los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualima,
de Ecuador; y Felicio Pontes, de Brasil, “quienes dirigieron las audiencias
virtuales” que se llevaron a cabo a mediados de agosto y durante las cuales “recibieron
los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos, la
Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco”.
Aunque esta sentencia no
es vinculante para el Estado boliviano, el fallo establece un antecedente “jurídico-moral
en la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos
indígenas”. Algo de justicia se vislumbra en este hecho, algo de luz sobre un
hecho que nos llenó de impotencia y tristeza y que más temprano que tarde nos
pasará una factura muy alta y difícil de saldar.
Nos queda añorar más
justicia en Bolivia, más respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Más
respeto a los derechos de la niñez y juventud. Nos toca esperar que la
educación y la salud se conviertan en serio en prioridades de estado y que la
justicia deje de ser la manzana del pecado que todos los políticos de turno
desean morder. Así es que queda mucho camino por recorrer, muchas piedras que
retirar y ojalá que nuevos líderes por apoyar. Bolivia merece una nueva
libertad.
* Comunicadora social
Twitter: @mivozmipalabra
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