Ana Rosa López Villegas*
El coronavirus lleva
ya casi una mitad de año en cartelera. Se roba a diario los titulares de todos
los periódicos, informativos televisivos, programas radiales y en todos los
idiomas. Toda la información que se genera alrededor de él es una avalancha de
incalculables alcances que, además, le ha dado vida a la llamada infodemia. Y
no nos referimos solamente a las informaciones que produce la prensa en general
entendida como el cuarto poder, sino a las que la gente consume y comparte de
manera desenfrenada en las redes sociales, el quinto poder, como las ha
denominado Mark Zuckerberg, creador y fundador de Facebook. Esta y otras redes
superan en gran medida a la prensa general, no solo en cuanto a la cantidad y
calidad de la información que se consume en ellas, sino también en cuanto al
grado de interacción que les permiten ejercer a sus usuarios; es una cadena
incontenible de propagación de noticias falsas (fake news) en muchos
casos.
Aunque Facebook y
otras grandes empresas de tecnología como Microsoft, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Reddit y Google se comprometieron a mediados de marzo a trabajar de
manera conjunta para combatir la desinformación, elevar el “contenido con
autoridad” y compartir “actualizaciones críticas de información en coordinación
con las agencias de salud” oficiales, lo cierto es que las regulaciones a nivel
local requieren de varios y urgentes ajustes. En todo caso lo importante aquí
es que es el propio personal de salud el que apela “a las empresas de
tecnología para que tomen medidas inmediatas y sistemáticas para detener la
avalancha de desinformación médica y la crisis sanitaria resultante”. Así lo
han hecho conocer de manera pública reconocidos y eminentes científicos e
investigadores del área de la salud de todo el mundo en la petición de firmas
que circula de manera virtual (¡de qué otra si no!) en la influyente red de
campañas Avaaz, red que promueve el activismo ciudadano en asuntos como el
cambio climático, derechos humanos, corrupción, pobreza, derechos de los
animales, paz y conflicto. Esta misma red se encargó de analizar 100
publicaciones o posts falsos sobre el coronavirus en Facebook y que
circularon entre enero y abril y encontró que estas numerosas fake news fueron
vistas más de 117 millones de veces. ¿Quién en el mundo podría controlar una
audiencia de tales magnitudes?
Así es que, aparte
de la ya enorme responsabilidad que conlleva enfrentar esta crisis sanitaria
global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como otros organismos de
salud a nivel mundial han tenido que ocuparse de advertir a la población sobre los
peligros que la sobreexposición a informaciones falsas o poco confiables puede
generar. Definida como “una práctica que consiste en difundir noticias falsas o
maliciosas sobre la pandemia y que aumenta el pánico o la angustia en las
sociedades”, la infodemia amenaza además en convertirse en un arma de triple
filo si son los intereses políticos los que están de por medio. En Bolivia la
atención, o al menos parte de ella está centrada en este momento en el Decreto
Supremo 4231 firmado el 7 de mayo pasado, el mismo que “autoriza al Ministerio
de Salud cubrir los gastos por el tratamiento de radioterapia básica
convencional (externa) y/o braquiterapia de alta tasa (interna), hasta el uno
(1) de octubre de 2020, en los establecimientos de salud del Subsector Público,
Privado y de la Seguridad Social a Corto Plazo, a favor de los pacientes con
cáncer de escasos recursos económicos y que no cuenten con ningún seguro de
salud.” y que en su disposición adicional única señala que “las personas que
inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información
de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier
otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando
incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de
delitos tipificados en el Código Penal”. Una sola pregunta de las tantísimas
que este texto genera, ¿quién va a tener la agradable labor y seguro nada complicada
labor de definir cuáles son las expresiones artísticas que alimenten la
infodemia?
Si nos atenemos
estrictamente a la libertad de expresión, empoderada a través del quinto poder,
cualquier persona tiene derecho a publicar lo que mejor le parezca, así se
trate de noticias falsas o desinformación deliberada. Bolivia puede presumir de
catorce años de experiencia en el área, los guerreros digitales del masismo son
la prueba clara y no falta alguno que otro trasnochado de éstos que se niega a
soltar el teclado.
¿Quién es
responsable de la información que se consume? Suena a obviedad, pero lo es uno
mismo. La responsabilidad es ciudadana y la conciencia también. Jugar a ser un
gobierno que bajo el disfraz de transitorio busca la censura valiéndose de amenazas
con maquillaje de decreto, pues no funciona. El barbijo no puede convertirse en
mordaza y atacar la infodemia con un artículo poco reflexionado de un decreto,
es como querer enfrentar al descomunal dragón escupe-fuego empuñando un alfiler
y vistiendo una armadura de cristal. Sin pensar, además, que el esfuerzo de las
autoridades de salud y de todas las áreas debería invertirse de mejor manera, planeando,
por ejemplo, las mejores estrategias para avanzar una vez que la bestia se haya
adormecido. Por lo pronto, sería mejor invertir en campañas que impartan
información oficial.
Termino con las
palabras de la ministra de justicia alemana, Christine Lambrecht, quien, al ser
consultada sobre la necesidad de medidas legales frente a la infodemia, declara
que “los hechos y una sana desconfianza son los mejores remedios contra las
noticias falsas y los rumores”, no las prohibiciones.
* Comunicadora social
Twitter: @mivozmipalabra
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